La ciudad de Concepción se encuentra en el centro de un creciente debate institucional y social tras la reciente clausura de la planta procesadora de snacks "Crack’s". La medida, ejecutada por la administración del intendente Alejandro Molinuevo, ha dejado en suspenso la continuidad de un emprendimiento local que emplea de manera directa e indirecta a decenas de familias, encendiendo las alarmas tanto en el sector productivo como en las esferas gubernamentales de la provincia.

El conflicto tiene su origen en las denuncias presentadas por un grupo de vecinos, quienes manifiestan su malestar por los olores en una zona que ha quedado integrada al ejido urbano. Ante esta situación, el municipio procedió a una primera clausura, exigiendo la adecuación de las instalaciones. Según el propietario de la firma, el joven empresario Juan Pablo Romero, la empresa respondió a las demandas mediante la inversión en tecnología de punta, incluyendo la instalación de filtros de carbón activado diseñados para neutralizar el impacto ambiental. No obstante, el eje del reclamo empresarial reside en que la nueva inhabilitación se produjo de forma inmediata, sin otorgar los plazos necesarios para realizar las pruebas técnicas del nuevo equipamiento, lo que Romero califica como una medida "arbitraria" que asfixia la inversión.

La magnitud del caso motivó una reunión de urgencia entre el empresario y el Director de Comercio Interior de la Provincia, Dr. Manuel Canto. Tras el encuentro, el funcionario provincial manifestó una postura crítica hacia la gestión municipal, señalando una falta de "cintura" para encontrar soluciones intermedias. Canto advirtió que la paralización de la planta no solo afecta a los 12 operarios directos, sino que impacta en una red de más de 70 familias vinculadas a la comercialización y provisión de materia prima del campo tucumano. Ante el riesgo inminente de cierre definitivo, el director provincial anunció que elevará el informe detallado al gobernador Osvaldo Jaldo y al ministro Regino Amado, buscando una intervención que evite la pérdida de capital privado en la provincia.

Finalmente, el conflicto ha expuesto una problemática de fondo en la planificación urbana de Concepción: la coexistencia de actividades industriales en zonas residenciales. Mientras el Concejo Deliberante, presidido por Mercedes Benítez, es instado a buscar una salida "ecléctica" que resguarde tanto el bienestar vecinal como el derecho al trabajo, localidades vecinas como Aguilares y Monteros ya habrían iniciado gestiones para atraer la inversión de "Crack’s" en caso de que la firma decida abandonar su sede actual. El desenlace de este caso sentará un precedente sobre cómo la gestión local maneja el equilibrio entre el crecimiento económico y las demandas de la comunidad.

La denuncia se suma a la de varios emprendedores y empresarios, quienes manifiestan que desde el municipio otorgan una factibilidad, solicitando inversiones y posteriormente no les permiten trabajar.