La normativa busca dotar al municipio de herramientas jurídicas y administrativas para hacer frente a una severa crisis financiera, agravada por una catarata de reclamos judiciales que ascienden a los $300 millones, originados por cheques emitidos durante la administración del exintendente Luis Campos.

El tratamiento del proyecto en el recinto arrojó un contundente respaldo hacia la iniciativa del Ejecutivo. La ordenanza fue aprobada con ocho votos afirmativos, correspondientes a los ediles Ana Campos, Pepe Romano, Cintia Mattar, Ramiro Aguilera (presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto), Adolfo Díaz Chavero, Martina Siri, José Calderón y Marcelo Ogas, actual presidente del cuerpo deliberativo. La votación registró únicamente la abstención de la concejala Nancy Cuenca —quien argumentó necesitar mayor tiempo para el análisis del expediente— y la ausencia con aviso del concejal Sergio Muray.

Entre los fundamentos más gravitantes del texto aprobado, el Ejecutivo expone la crítica herencia financiera recibida tras el 9 de junio de 2025, fecha en la que asumió el interventor municipal Guillermo Norry. Según detalla el documento, al momento de efectivizarse la intervención, las arcas municipales se encontraban virtualmente vaciadas, sin fondos disponibles, pese a que escasos días antes se había acreditado la partida correspondiente a la coparticipación provincial. A este escenario de iliquidez se le suma un alarmante déficit de documentación contable que impide reconstruir la trazabilidad de numerosas operaciones ejecutadas por la gestión de Luis Campos.

El pasivo más acuciante radica en los $300 millones reclamados por vía judicial a raíz del libramiento de cheques. Sobre este punto, la ordenanza subraya una irregularidad severa: el Ejecutivo actual afirma no haber hallado registros, expedientes ni comprobantes que acrediten la prestación de servicios, la provisión de bienes o la ejecución de obras públicas que justifiquen la emisión de gran parte de esos valores.

Para evitar el colapso operativo de la ciudad, la nueva normativa crea un régimen excepcional para la cancelación de aquellas obligaciones dinerarias que ya cuenten con sentencia judicial firme. El mecanismo establece un plan de pagos en 120 cuotas mensuales (equivalente a 10 años) con la aplicación de los intereses correspondientes.

A fin de blindar la prestación de los servicios públicos esenciales, la ordenanza fija un tope financiero estricto: el total mensual destinado al pago de estas cuotas no podrá superar el 15% de los recursos propios del municipio recaudados en el mes anterior. Para este cálculo, quedan excluidos los fondos provenientes de la coparticipación y aquellos recursos que cuenten con afectación específica. Si los vencimientos superan ese límite del 15%, el excedente deberá ser diferido obligatoriamente.

Finalmente, la ordenanza instruye la ejecución de una exhaustiva auditoría interna. El Ejecutivo deberá realizar un relevamiento completo de chequeras y talonarios municipales, cruzar requerimientos de información con entidades bancarias y radicar las denuncias penales correspondientes ante la Justicia. Los resultados preliminares de esta investigación deberán ser remitidos al Concejo Deliberante en un plazo improrrogable de 90 días. El desafío primordial para la gestión actual radicará en compatibilizar este pesado lastre financiero heredado con el sostenimiento de los servicios básicos para los vecinos de Alberdi.