Un grave señalamiento por precarización laboral sacude la agenda pública de la ciudad de Concepción. Un trabajador municipal, cuya identidad se mantiene en estricta reserva por temor a represalias, decidió romper el silencio y exponer públicamente una situación de inestabilidad contractual que, según aseveró, padece desde hace casi 17 años. El testimonio no solo visibiliza una supuesta vulneración de derechos laborales sostenida en el tiempo, sino que también introduce severos cuestionamientos sobre el manejo administrativo de los recursos humanos en las distintas gestiones que pasaron por el Ejecutivo municipal.

Al detallar la cronología de su situación, el denunciante explicó que su vínculo con el Estado municipal atravesó diversas administraciones sin encontrar una solución de fondo. De acuerdo con su relato, durante el tramo final del mandato del exintendente Osvaldo Morelli logró acceder a la anhelada planta permanente a través de un decreto. Sin embargo, esta condición formal duró apenas un mes. Al asumir Roberto Sánchez la intendencia, se tomó la decisión de dar de baja todos los decretos emitidos a último momento por la gestión saliente —una maniobra administrativa con marcadas similitudes a lo ocurrido recientemente en San Miguel de Tucumán en la transición entre Germán Alfaro y Rossana Chahla—. Desde entonces, el trabajador volvió a su estado de precariedad, una condición que se mantuvo inalterable durante los dos períodos de Sánchez y que persiste bajo la actual administración de Alejandro Molinuevo.

Más allá de su caso particular, el empleado formuló graves acusaciones respecto a los criterios que utiliza el municipio para incorporar personal a la planta permanente. Cuestionó abiertamente lo que considera una política injusta y arbitraria, asegurando conocer casos de agentes que obtuvieron la estabilidad laboral con apenas un año y seis meses de antigüedad, relegando a quienes acumulan más de una década de servicio. A esta denuncia sumó versiones que circulan entre los pasillos municipales sobre supuestas contrataciones con remuneraciones cercanas a los 900.000 pesos, cuyos criterios de selección resultan un misterio para la base trabajadora.

El nivel de detalle de la denuncia también alcanzó el funcionamiento interno y el cumplimiento de tareas en dependencias vinculadas a los servicios públicos, como barrido, recolección de residuos y mantenimiento. El trabajador afirmó que existe un marcado ausentismo avalado institucionalmente. A modo de ejemplo, sostuvo que en un sector conformado por unos 50 operarios, solamente entre ocho y diez personas asisten regularmente a cumplir sus funciones durante los fines de semana, mientras que el resto percibe la misma remuneración sin presentarse a trabajar.

Finalmente, el empleado expuso la extrema vulnerabilidad económica y administrativa en la que se encuentra sumergido. Por un lado, denunció una preocupante irregularidad contable: aseguró que el municipio no le entrega recibos de sueldo que permitan identificar formalmente su situación contractual o sus aportes, siendo un ticket de extracción bancaria el único comprobante de sus ingresos. Por otro lado, graficó el impacto de esta precarización en su vida diaria, confesando que el dinero percibido es insuficiente para sostener a su familia, lo que lo obliga a realizar trabajos informales durante la semana, llegando a aceptar alimentos como carne, verdura o pan a modo de pago. Las declaraciones constituyen un fuerte llamado de atención que aguarda las aclaraciones oficiales y la exhibición de los registros pertinentes por parte de las autoridades municipales de Concepción.

Fuente: Noticias del Interior